Hacienda somos todos, pero, por si cabía alguna duda, en el futuro, lo seremos todavía más. Ésa es, al menos, la intención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que ha elaborado un Plan de Prevención del Fraude Fiscal en cuyo borrador figuran más de 300 medidas para conseguir eliminar el fraude.

De ellas, muchas centran sus esfuerzos en el sector inmobiliario. Y sus razones tiene para hacerlo: se trata de un mercado que cuenta con «unas posibilidades de fraude enorme», según ha declarado el presidente de la Agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Por eso, le interesará saber que si usted va a comprar una casa de segunda mano, no tendrá tan fácil entregar parte del importe de la vivienda en dinero negro, ya que el fisco va a aumentar la vigilancia para que eso no ocurra. Y lo mismo si tiene intención de vender una casa usada.

Hacienda tampoco se ha olvidado del alquiler. Así, si tiene una vivienda en régimen de arrendamiento y es de los que no está declarando esa actividad ni los beneficios que está percibiendo por ello, debe saber que su comportamiento puede tener los días contados, ya que éste es otro de los aspectos en los que se van a intensificar los controles.

Asimismo, la Agencia Tributaria quiere impedir que los particulares se beneficien de deducciones por su segunda vivienda, como hasta ahora venía ocurriendo, y evitar que, si va a cambiar de residencia habitual, vuelva a aplicarse nuevamente la deducción.

Pero los particulares no serán los únicos a los que Hacienda va a observar con lupa, sino que extremará su vigilancia a todos los agentes del sector.

De esta forma, las administraciones públicas, los propietarios de suelo, los promotores y urbanizadores y los agentes intermediarios tampoco estarán exentos de controles e inspecciones. Vaya, que parece que, a partir de ahora, Hacienda no va a pasar ni una, y para conseguir su objetivo, va a actuar sobre distintos aspectos. Por un lado, en el ámbito organizativo. En este sentido, entre otras cosas, tiene la intención de crear equipos de inspección especializados que recopilen información, la sistematicen y analicen para planificar con antelación todas las actuaciones que se van a llevar a cabo.

Desde el punto de vista informativo, pretende incorporar en todos los modelos de declaración en los que aparece información sobre inmuebles el número de referencia catastral de los mismos y obtener nueva información (fianzas en alquileres, sociedades de tasación), en especial, la de los promotores acerca de viviendas nuevas y ventas sobre plano.

El Ministerio de Hacienda también quiere intensificar las inspecciones y las pruebas piloto así como reforzar el control de los pagos en metálico. En el borrador del Plan de Prevención incluso se plantea la posibilidad de analizar la viabilidad de obligar a que en las escrituras figure el medio de pago utilizado, prohibiendo las fórmulas genéricas de uso frecuente tales como «la parte vendedora confiesa haber recibido...».

Todo esto y mucho más se aplicará a partir del cada vez más cercano año 2005, pero antes estará sometido a información pública y a las sugerencias de toda la sociedad.

Los expertos consultados por este suplemento coinciden en que la intención es muy buena, aunque algunos dudan de su eficacia y temen que, finalmente, se convierta en un brindis al sol: «Me parece que la intención es muy buena, pero veo difícil, por ejemplo, querer controlar las transmisiones de vivienda entre particulares», dice el abogado Félix Bornstein.

Desde su punto de vista, «muchas de las medidas que propone Hacienda no van a conseguir perseguir el dinero negro, que es el objetivo y el principal fraude que se comete en este tipo de operaciones. El hecho de que las partes lleven los documentos de compraventa al Registro, tampoco va a solucionar nada, cuando lo importante es buscar el dinero negro en el origen de la inversión».

«Todo lo que sea perseguir el fraude fiscal es bueno, pero en el tema de la vivienda de segunda mano es muy complicado controlarlo, porque de lo que se trata es de obligar a decir la verdad, cosa a la que ahora también estamos obligados y no se consigue», dice el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España y del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Miguel Ángel Muñoz Flores.

Se pretende que los contratos privados entre particulares se declaren en el Registro de la Propiedad, «pero los particulares podrán inscribir contratos que no son los reales, con lo que no creo que se consiga el objetivo», concluye Muñoz.

En otro de los asuntos en los que existe fraude en el sector es en el tema de los arrendamientos, en el sentido de que hay muchas viviendas que figuran como vacías cuando, en realidad, están en alquiler, aunque ese arrendamiento no se declare. En este punto, existe disparidad de opiniones. «Me parece una medida mucho más eficaz que la anterior, ya que lo que tendrían que hacer es mandar agentes tributarios a las calles para preguntar por el estado de las viviendas. Esta medida es positiva y, además, es factible», afirma Bornstein.

Algo de lo que no está tan seguro Muñoz Flores: «La propuesta en sí es muy positiva porque es cierto que este tipo de casos se dan con frecuencia, pero es difícil llevarlo a la práctica, ya que requiere mucho trabajo», afirma. «Por otra parte», continúa, «habrá que ver cómo se hacen esas inspecciones, porque tampoco hay que atemorizar a los ciudadanos».

Hacienda también va a controlar los incentivos fiscales, ya que considera que, en muchas ocasiones, se aplican deducciones a las segundas residencias, o se vuelven a aplicar las deducciones en el caso del cambio de vivienda habitual, cuando ya se ha practicado por la inversión anterior.

En este punto, Bornstein cree que se trata de una medida muy positiva «porque hasta ahora no se ejercían controles suficientes. Es muy razonable que quieran hacerlo porque en este terreno, efectivamente, hay muchas deducciones que no son legales.

«Esto ya se intentó hacer. El problema radica, tal vez, en los recursos. Para llevarlo a cabo se necesitan funciones de inspección y éstas son mucho más escasas que las que se realizan vía gestión», asegura el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Luis del Amo.

Desde el Reaf valoran de una manera muy positiva el esfuerzo que se quiere hacer para evitar el fraude, así como las medidas de organización, recepción de información y nueva estructuración dentro de la Agencia, pero ven difícil poder llevar a cabo todas estas medidas.

«Quieren realizar muchos de los controles por la vía de captar información y cruzar datos, y eso está muy bien porque hasta ahora había un déficit de información, pero, al final, va exigir también un proceso de inspección, que es donde vemos más difícil su aplicación».

Por otro lado, Del Amo señala que «no hay que demonizar a determinados sectores, porque eso hará que si un contribuyente de buena fe quiere entrar en él, caiga en la tentación del fraude, sólo porque ha oído que en este sector son prácticas habituales».

En lo que todos coinciden es en que estas prácticas ilegales, 'haberlas, haylas': «De haber fraude, está en las transacciones entre particulares», asegura el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, argumentando que «nosotros vendemos sobre plano y dudo de que la gente se fiara de darle dinero negro al promotor sin recibo».

No obstante, no parece que ese tipo de operaciones sean las únicas que generan prácticas fraudulentas, ya que Hacienda también ha elaborado otras tantas medidas para evitar el fraude en las empresas que intervienen en el sector.

En este sentido, Martí ha asegurado que el Plan de Prevención le suena a «rutina», afirmando que, a pesar que desde hace muchos años se vienen oyendo declaraciones acerca de la existencia de fraude fiscal en el sector y de que éste es objetivo prioritario para Hacienda, «nuestro sector empresarial no está siendo objeto de ningún análisis especial y si lo está, no da ningún fruto», informa Servimedia.

Asimismo, el secretario general de la patronal cree que existe cierta incoherencia en las medidas presentadas por Hacienda, en concreto, su pretensión de que se inscriban en el Registro de la Propiedad los contratos privados y pagos anticipados previos a la escritura, ya que «los documentos privados no tienen acceso al Registro de la Propiedad».

Por último, Martí ha recordado que la inscripción en el Registro es voluntaria «por lo que habría que cambiar muchas leyes antes de llegar a eso».